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[fAu – ESPANHOL] Con los 43 estudiantes que nos faltan. Siempre contra la impunidad!!!

Retirado de: http://federacionanarquistauruguaya.com.uy/2014/11/21/con-los-43-estudiantes-que-nos-faltan-siempre-contra-la-impunidad/

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 Con los 43 estudiantes que nos faltan. Siempre contra la impunidad

Nuevas marcas, más tenebrosas historias de impunidad continúa sufriendo nuestra América Latina. Impunidad de los poderosos de nuestros suelos. Con asistencia, obsecuencia, y consecuencia, con participación arreglada y entramada en su terrorismo de estado. Su facial violenta, rancia e intolerante; sus estrategias y formas para dominar y someter las rebeldías y rebeliones de los de abajo.

Allí en Iguala y Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, Méjico

Sin mayores correlatos los artículos periodísticos de análisis y opinión internacional que refieren a América Latina están dedicando su trabajo a la masacre del estado de Guerrero, y a las movilizaciones que ya en todo el mundo se están produciendo. El eje es la impunidad que opera tan evidentemente con el Estado en medio de una tormenta de acusaciones, por entramar un gran arreglo con fuerzas paramilitares del narcotráfico (en este caso Guerreros Unidos), con la policía y más organismos represivos que viene cobrando muertes y desapariciones desde ya décadas.

Hoy esa impunidad, ese arreglo, ese orden sanguinario de los de arriba rompe la escena y la barrera de los grandes medios de comunicación, quienes enjuagándose la cara buscan también arreglar y dar fin a lo que estalló luego de la brutal represión desatada contra estudiantes y sindicalistas de la educación el 26 de setiembre en la ciudad de Iguala. Allí las fuerzas del orden, del estado – narcotráfico, desplegaron su brutalidad represiva torturando y asesinando a 6 personas y secuestrando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que hasta hoy siguen desaparecidos.

Inmediatamente todas las autoridades negaron conocer datos de asesinatos o desapariciones. Estando los estudiantes desaparecidos, secuestrados allí en alguna parte, en el entorno, en la zona de los hechos nadie ve, nadie dice, nadie olle… cuando inmediatamente comienza a gritar todo aquel país de Magones y Zapatas. Todos los organismos estatales dicen no saber, o podemos pensar que no dan importancia al asunto, en un país de varios miles de asesinados y desaparecidos en los últimos años. No les asombrará a ellos, no les importará, ya que eso es parte del “Estado” de las cosas. Pero el grito es fuerte y amplio, y al poco tiempo y ya ante lo flagrante de lo sucedido y todo un país en marcha se pide el procesamiento de 22 policías implicados en la brutal represión.

Así como complejas son las estructuras de poder, mediante las que opera el sistema en todas sus facetas, es igual de complejo identificar “él” responsable, en su carácter de singular. Y aunque está claro que las investigaciones dentro de la administración del propio estado exponen que quien dio la orden de reprimir a como fuera fue el alcalde de Iguala José Luis Abarca, debemos sumarle que en la operativa concreta y cotidiana durante los últimos años ha operado tanto las diferentes fuerzas policiales como el ejército, con la colaboración del grupo narco paramilitar Guerreros Unidos. El líder de este grupo se llama Salomón Pineda Villa, cuñado del Alcalde de Iguala.

También existe la más clara evidencia que es la policía responsable por la desaparición de los 43 estudiantes, ya que son los que dan la captura al ómnibus donde viajaban, son los que dirigen el operativo, y son quienes los ocultan. El alcalde Abarca y su mujer, quienes dieron la orden y elaboraron la masacre dispusieron de una fácil cortina de humo solicitando licencias políticas para garantizar la mejor investigación y proceso. Apenas unos días pasaron y desaparecieron del mapa ante lo que les señalaba. Prófugos de los aparatos de la justicia quedaron, hasta que hace unos días fueran encontrados y detenidos en Méjico DF. Ante la movilización ya mundial y el señalamiento al estado mejicano y su impunidad era muy costoso

Entonces la masacre de Igula denuncia a los más altos niveles de opinión y análisis del orbe hasta donde es capaz de llegar esta bestialidad de corrupción. Más cuando la impunidad es la pauta jurídica para definir los alcances de lo que se hace. Ya no le alcanzan sus armas y herramientas legales a los poderosos para sostenerse o continuar avanzando, entonces crean otros mecanismos que en su cerno, en su medula de motivaciones alberga lo mismo, el mismo motor despedazador. ¿Quién opera en legalidad y quién lo hace en semi legalidad? pero con los mismos beneficios y garantías. En Uruguay se llamó Juventud Uruguaya de Pié, o la siniestra Triple A en Argentina, en Aquellos tiempos, en los 60 y los 70 de la mano del Plan Cóndor y las administraciones de los estados. Todos compleja y ordenadamente arquitecturados, para cumplir los fines y la “paz” mandada por los de arriba.

Lo que no podrá hacer la policía y el ejército en la legalidad lo harán los Guerreros Unidos en la ilegalidad que a manos de los poderosos se justifican, se encubren. ¿Y quien protege eso?, ¿porqué Guerreros unidos se solidariza con los 22 policías presos y exige su liberación?, ¿Por qué este grupo narco para militar asume la responsabilidad de los asesinatos a estudiantes y más y más?. El estado mandó la represión, el estado los detuvo y secuestró, y el estado mantiene el silencio del destino y sostiene a los responsables (halla sido legal con la policía y el ejército, o ilegal con los Guerreros Unidos).

Buena parte de esa complejidad de terrorismo e impunidad estatal se muestra en la manipulación de la atención pública. El mismo gobierno aparece lanzando a la noticia sobre la captura de tres miembros de Guerreros unidos quienes confirmaron recibir a los rehenes, asesinarlos y reducirlos a cenizas. Sin evidencias firmes se buscó poner otro fin a esta tragedia dejándolo como episodio e incluso dejando exenta a la policía de desaparecer a los estudiantes, y sí al grupo narco – paramilitar. Previamente se anunció también el hallazgo de fosas comunes con restos de personas que podrían ser los estudiantes. En todos los casos el Equipo Argentino de Antropología Forense mediante sus estudios rechazó que fueran ellos los estudiantes desaparecidos.

Es responsabilidad de todo ese conjunto. De la policía y el ejército, de los narcos y sus paramilitares, no de cada uno de ellos, sino de todos, y son el peso de sus relaciones lo que distribuye sus poderes de un sector al otro. Toda la operativa mediática no es ajena a esta despreciable represión, así como los resortes administrativos del estado que a sabiendas o no de lo que ha sucedido también operan en sentido de la confusión y las infundadas hipótesis y conjeturas.

Lo han sido ayer y seguirán intentando sostenerse mañana. Sin lugar a dudas que esto no es un hecho aislado, y con la misma certeza es que observamos, con datos oficiales, que esta operativa sucede desde hace un buen tiempo atrás y legitimado por los mismos procederes y mecanismos administrativos. Con el mismo brazo gordo de los grupos para militares, el ejército y la policía.

Y sin ir muy lejos en la historia, y allí mismo, ¿Qué explicación tienen entonces las muertes de los cuerpos hallados en fosas comunes, o en bolsas que no son de los estudiantes desaparecidos?, son cientos en el estado de Guerrero, y no se ha abordado antes la existencia de fosas clandestinas de los diferentes carteles de las drogas. Así encubre el estado y la narco burguesía, alimentado ideológicamente por un motor con lo peor del desprecio a la vida misma, el acumular a cualquier precio, el egoísmo a todo nivel, y la impunidad como tutela.

¿Que podrán pensar los jefes de los carteles de droga sobre el campesinado organizado, sobre los sindicatos y el movimiento estudiantil?. ¿Qué ideas formaran las cabezas de los dueños del sistema cuando los movimientos reclaman sus derechos, o salen a la calle buscando nuevas conquistas?. Podrán pensar lo mismo si son narcos en el estado de Guerrero, o industriales en China, o dueños de las cuentas más pesadas del casino financiero de Wall Street. Podrán pensar lo mismo si los que rigen son los patrones dominantes a la escala que sea, tanto a nivel sistema mundo como a niveles locales. Esos están cargados con las armas más egoístas y temerarias que ha conocido la humanidad. Ellos tienen los ejércitos para las guerras, las cárceles, las mil formas represivas exclusivas o asociadas con sus sicarios de turno.

Hay una alternativa, la resistencia de un pueblo fuerte

Pero hay un cerco que se rompió. Las leyes que dictaban que allí se controlaba todo han sido quebradas. Aún con toques de queda, y en al menos 14 de los 80 municipios de Guerrero con intervención de fuerzas federales la movilización ha sido la constante, con paros de 48 horas en más de 70 escuelas y en las facultades de la UNAM, la Ibero, la UAM, Chapingo, las universidades de Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, la Universidad Pedagógica, varias normales de Guerrero, por mencionar sólo algunas. El descontento popular ante tanta injusticia dio fuego a edificios estatales como el de Chilapancingo y otros edificios del poder ejecutivo.

Ha sido la lucha la que ha puesto en la opinión de la región y el mundo este bestial atropello contra los estudiantes de la Escuela Normal. Ha sido la resistencia la que ha puesto su poder de sobreponerse y establecerse firme cuando ese poderoso enemigo más fuerte se creyó, y terminó tastabillando.

Allí están también sus límites, por poderosa que sea la maquinaria asesina. Están en la fuerza que se sea capaz de sobreponerle el pueblo. La firmeza del pueblo mejicano, y todos los países donde se está solidarizando es clave en esta pelea. Porque no podrán con un pueblo fuerte entramado, organizado en los tiempos que sean dando pelea con todo el poder de sus aspiraciones de igualdad y solidaridad entre los de abajo, y el desprecio contra esa bestia opresiva, violenta y sangrienta como lo son estos crímenes de terrorismo de estado.

Será en Méjico pero también aquí y en todas partes, “de todas partes vienen” dice la poeta Idea Vilariño. Estamos pisando las calles con los 43 estudiantes. Estamos con nuestras fuerzas en los movimientos estudiantiles, sindicales, de derechos humanos, ambientales y emergentes. Estamos en las formas políticas que nos damos y creamos. Somos un mismo puño, somos del mismo hilo que hilvana la lucha y resistencia de nuestra América Latina, nos unen las pérdidas, el sufrimiento pero también los levantamientos y las rebeldías, las conquistas de nuestra gente, de nuestra clase. Nos unen los anhelos por un mundo más justo, proyecto de nueva sociedad que elimine las desigualdades y que barra con toda la escoria nauseabunda de este sistema asesino.

Son ellos parte de las historias estudiantiles que han dado lo mejor para nuestro pueblo y sus sistemas educativos. Son ellos y somos nosotros en todos los tiempos porque esta es una historia de lucha y resistencia, desde abajo contra la impunidad, la desigualdad. Allí está la tarea junto a los 43 estudiantes que nos faltan a todo el continente.

Arriba la lucha del pueblo de Guerrero y todo Méjico.

Ya los 43 son millones!.

Ni olvido ni perdón!.

Arriba los que luchan!!.

federación Anarquista uruguaya.

Federación Anarquista Gaúcha.

Coordinación Anarquista Brasilera.

[CAB] Indicações para uma Caracterização do Período Histórico Brasileiro

Retirado de: http://www.anarkismo.net/article/23092

Análise conjuntural do período histórico presente aprovada no I CONCAB.

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O mundo atual apresenta fortes e singulares acontecimentos que nos permitem fazer um corte analítico. O 11 de Setembro, as guerras imperialistas no Afeganistão e no Iraque, o golpismo financeiro levado a cabo por instituições corporativas e governos, a desestabilização dos regimes de força repressiva do mundo árabe e também as mudanças políticas vividas pela América Latina em mais de uma década – todos esses acontecimentos nos apresentam um cenário complexo que toma um lugar em nosso país.

O sistema capitalista volta a atravessar crises, conflitos e questionamentos que condicionam ajustes em seus mecanismos de poder. Nada indica que estamos às portas de uma mudança revolucionária, mas é verdade que vivemos um período mais agitado, em que se está quebrando o silêncio, a resignação e o medo; estão em cena protestos massivos de trabalhadores e populares. Europa e EUA vivem um drama econômico-social fora do padrão dos grandes centros capitalistas, com cortes de salário, aposentadoria, direitos sociais, além de desemprego e recessão. O capitalismo mais feroz, no seu jogo financeiro por violentos lucros, aplica golpes infames na economia mundial, concentrando mais riqueza nas classes dominantes e, ao mesmo tempo, negociando lixo no mercado e apostando na desgraça das maiorias; faz a sociedade pagar com pobreza e precariedade os seus prejuízos e guarda os ganhos no bolso dos patrões.

Estão em curso grandes lutas e protestos populares pelo mundo, nos quais a juventude tem participado com força e os trabalhadores defendido seus direitos, respondendo, em cada lugar, a distintas pautas, fatores e inquietudes, todos os quais derivam do mesmo sistema. Porém, essas lutas não estão necessariamente articuladas entre si. Ao mesmo tempo indicam, por sua ocorrência em várias regiões do globo, descontentamentos – uma experiência rica dos povos, uma produção de idéias e representações coletivas que podem abrir novas possibilidades. Mas não é certo que esse processo aponte numa mesma direção e nem que ele questione o conjunto do sistema. De nossa parte, consideramos ser tão necessário quanto válido afirmar que sem uma força social em ação – capaz de se acumular e reunir a vontade dos oprimidos, com independência das instituições burguesas e um projeto de ruptura apoiado por todos os meios de uma organização política – o sistema não cairá de podre.

A América Latina também passa por processos e surgem novos elementos que têm sua importância para o momento. Os EUA não encontram o mesmo alinhamento regional à sua política imperialista. Rebeliões populares que derrubaram governos na Bolívia, no Equador e na Argentina conquistam uma forte posição dos movimentos sociais na cena política contra as políticas de privatizações, desemprego e corte de direitos. Na Venezuela, um golpe de estado dos escuálidos, apoiado pelos serviços do império, foi derrotado nas ruas pelos mais pobres. Em mais de uma década, partidos de formação nacionalista-reformista ou de centro-esquerda têm chegado ao governo, alçados por um vivo sentimento popular de rejeição ao modelo do neoliberalismo.

No lugar comum da realidade regional, os países sul-americanos aderem ao Plano de Integração da Estrutura Regional Sul-Americana (Plano IIRSA). Independente da estampa dos governos, progressistas ou alinhados com o imperialismo, ambos os modelos têm levado a cabo os projetos do plano IIRSA, com um discurso comum de desenvolvimento econômico. Entre os efeitos desses projetos estão: o favorecimento das transnacionais, a partir da exploração dos bens naturais do continente (água, minérios, biodiversidade, hidrocarbonetos); a devastação ambiental e a destruição de comunidades tradicionais; a dependência dos países aos organismos financiadores dos ditos projetos de desenvolvimento.

Deve ser dito que cada realidade nacional tem seus processos internos, suas próprias características. Grosso modo, em que pesem as continuidades estabelecidas pela mão de governos e instituições que fazem o papel conservador dos lacaios de sempre, ou os refluxos e a decepção em relação às fantasias criadas pelo mecanismo eleitoral, pode-se reconhecer variantes que têm atualidade e apresentam outros desdobramentos. Há não muito tempo, Honduras sofreu um golpe de Estado pelo tímido ensejo de realizar reformas, que iam ao encontro de algumas demandas populares. Percebem-se processos sociais dinâmicos, que ora coincidem com as pautas oficiais, ora tencionam, por meio da luta de classes, por avanços que não podem ser absorvidos pelo sistema. Não cremos que a estrutura imperial esteja em xeque. Estão em curso políticas que reajustam as relações do continente, em um contexto histórico-social particular, que não necessariamente produzem rupturas.

Ao longo de sua história, o capitalismo não tem se apresentado sempre com a mesma cara: tem logrado realizar ajustes exigidos pela situação geral para fazer a gestão das suas crises; tem feito um jogo criativo com suas estruturas fundamentais para dar continuidade a seu domínio, às injustiças, misérias e desigualdades brutais que historicamente o acompanham. Esse tempo mais perturbado, mais nervoso e conflitivo, que traz problemas urgentes para o controle do poder dominante, definitivamente não vai acabar com o sistema pela força das coisas – o sistema não tem tendência para se liquidar assim. Considerar os momentos, a correlação de forças de um período, os problemas que debilitam uma estrutura de dominação sempre inserta no antagonismo social é uma condição para uma atuação política mais decisiva.

BRASIL

Podemos considerar em nosso país que, dos anos Lula para cá, o sistema variou seu modelo. Sem dúvidas, o modelo operativo que está em curso, no quadro de uma inflexão importante em toda região, tem características determinadas por uma reacomodação dos elementos do sistema para sua incorporação social mais efetiva. Isso é levado a cabo em um período que traz esperanças, confusões, buscas, e apresentam-se em cena meios de mudança, curvas, frustrações. Já dissemos: está em jogo criativo um modo de articulação que conserva o núcleo duro do poder fora da mira de projetos radicais e trata de sua reprodução por mecanismos mais frescos. Em grandes linhas, apresentamos a seguir as características fundamentais dessa etapa.

Essa etapa está marcada pela chegada ao governo de um partido de centro-esquerda, o Partido dos Trabalhadores (PT), com bases no movimento sindical e popular, e por meio de um compromisso com as estruturas do poder e as classes dominantes. Dentro deste marco, articula-se a cooptação burocrática de organizações tradicionais da classe trabalhadora e da esquerda pelos aparelhos de Estado. Por sua vez, evidencia-se também a divisão dos setores da direita entre a esmagadora coalizão governista, com uma eficiente tecnologia de recrutamento por corrupção e fisiologismo, e as combalidas forças conservadoras do bloco de poder que foi deslocado do governo. A administração do PT distingue-se por avançar em pautas que as autoridades burguesas de outro momento não puderam fazer: congelamento salarial, reformas da previdência e ajustes fiscais no setor público, cortes no investimento social, paralisação da reforma agrária, desregulação ambiental e favorecimento de novas modalidades privatistas de gestão das coisas públicas.

Podemos notar, ainda, a emergência da produção de discursos dominantes no corpo social – com efeitos de verdade nas instituições e práticas mundanas – que validam idéias de uma solução nacional conciliadora, na qual figuram o Estado pactuador, o crescimento econômico e a ascensão social. São discursos cotidianos, que naturalizam os fundamentos históricos da violência e da exploração da formação capitalista brasileira, constituem um sujeito social relativamente integrado pelas formas do consumo, das ajudas do governo, etc. e que formam uma estrutura ideológico-cultural que atua em sentido de promover uma percepção de melhores condições de vida, sem, no entanto, haver alteração da violenta estrutura das desigualdades sociais do Brasil.

A continuidade do capitalismo brasileiro, sujeito ao controle de mercado dos grupos transnacionais, coloca o país em um lugar de destaque no sistema mundial como grande produtor e exportador de commodities (produtos primários), alcançando índices elevadíssimos de produtividade e atraindo investimentos externos graças ao crescimento do mercado interno, proporcionado por mecanismos de endividamento das camadas populares que garantem lucros recorde para o capital financeiro. O sistema bancário influencia decisivamente a estrutura da dívida pública e as ações do governo. Contudo, a participação do Estado brasileiro no incremento de subsídios e na indução do crescimento industrial marca uma variante no modelo econômico, que alguns estudos vêm chamando de neodesenvolvimentismo. Nesse rumo, um setor das classes dominantes faz pressão em causa própria por melhores condições, proporcionadas pelo governo, visando ter sua fatura na feroz disputa capitalista pela apropriação privada das riquezas.

O governo promove uma política centralizadora, com 65% do orçamento público concentrado na execução da União; os municípios, em sua maioria, dependem de convênios estabelecidos com os ministérios para obter seus recursos. Além disso, todos os grandes conglomerados empresarias têm financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o empresariado nacional lucra com a utilização de recursos dessa instituição. Além disso, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) possibilita a articulação entre o governo federal e os investimentos privados, com a execução sendo feita em parceria com os estados e municípios. Os investimentos do PAC, até o fim de 2010, chegavam a R$ 619 bilhões. Para 2012, o governo Dilma já anuncia um corte de R$ 55 bilhões no orçamento, atingindo áreas como a saúde e a educação, que sofrerão, juntas, um corte de R$ 7,4 bilhões. Só a educação sofreu um corte de R$ 1,9 bilhão. Enquanto isso o pagamento de juros e amortizações da dívida pública consomem 48% dos recursos do Orçamento Geral da União para 2012.

A correlação de forças das classes e setores presentes nesse modelo social brasileiro está atravessada por uma moderação do governo, que se equilibra num pacto com as oligarquias, os grandes capitais, os interesses burocrático-corporativos, somando-se a isso as políticas melhoristas e compensatórias para os pobres. São funcionais a esse “modelo operativo” uma adesão popular muito expressiva às estruturas do poder, aos seus mecanismos de conservação e reprodução e uma técnica de assimilação e/ou debelamento dos conflitos com os setores organizados da luta de classes.

Reajustes do salário mínimo – um aumento real, desde 2003, de apenas 54,2% em relação à inflação –, crédito consignado e programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são fatores que têm possibilitado a construção da imagem de uma suposta ascensão social de setores populares historicamente excluídos. Os níveis de emprego relativamente estáveis em termos estatísticos são elevados, sobretudo, por formas precárias e superexploradoras, dentro da conjunção renda-consumo-dívida, produzindo uma integração econômica relativa, parcial, imagética, que não desestrutura as desigualdades sociais brasileiras.

O estrato social de cerca de 40 milhões de pessoas, que técnicos do governo e meios de comunicação vêm chamando de “nova classe média”, é um grosso setor da classe trabalhadora, que enfrenta uma rotina estafante de exploração patronal e vive seus dias para pagar as contas de seu consumo. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 37,8% das famílias estão endividadas e não sabem como pagar suas dívidas; têm pouca participação política e uma formação cultural ditada pela pauta da mídia corporativa. Trata-se de um setor que tem acesso ao consumo e uma sensação de acesso àquilo que ostentam as ditas classes médias ou os ricos; entretanto, tal setor não é atendido pelo discurso do crescimento econômico quando se trata de conquistar igualdades de condição que permitam o acesso aos bens culturais e às liberdades negadas pela estrutura de dominação de classes.

PRIVATIZAÇÕES

Foi nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso que a privatização de empresas públicas e serviços essenciais se aprofundou. Porém, durante esse processo houve muita resistência por parte dos movimentos sociais. Não podemos esquecer da histórica greve da Petrobras em 1995, um dos primeiros embates com o novo governo. No entanto, infelizmente, empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Embratel foram privatizadas.

Durante todo esse período, os formadores de opinião das classes dominantes, através dos meios de comunicação de massa, introduziram no imaginário popular a impossibilidade de eficiência da máquina pública e elegeram a privatização como única saída para os problemas dos serviços públicos. Por trás disso, havia grandes interesses da burguesia nacional e internacional para garantir sua fatia nos desejados lucros dessas empresas.

Remando contra as informações despejadas diariamente pela grande mídia, os movimentos sociais tentaram colocar o que realmente estava em jogo com essas mudanças. Não era diferente com os militantes do PT, que sempre tiveram poderosa influência nos principais movimentos sociais – basta tomarmos como exemplo a Central Única dos Trabalhadores (CUT) que, desde sua origem, tem uma forte ligação com esse partido. Independentemente de toda a crítica que possamos ter à CUT e toda a sua política de conciliação de classes, que passa a vigorar a partir do final dos anos 80, não há como negar que ela, e conseqüentemente o PT, que sempre deteve o controle majoritário desta central, foram uma das principais vozes contra a política de privatização implementada no país.

Com a chegada do PT ao governo federal, as privatizações ganharam continuaram; entretanto, com uma nova roupagem, elas têm sido realizadas por outros métodos, aparentemente suavizados, como as concessões, as parcerias público-privadas e as fundações.

Em relação à saúde, consideramos que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi um direito conquistado por uma ampla articulação dos movimentos sociais. Diga-se de passagem, foi garantido na Constituição de 1988, no contexto de um governo que não tinha nem mesmo origem de esquerda, o que dirá uma prática nesse sentido. Isso deixa claro que o direito à saúde não foi nos dado de mão beijada, mas às custas de muita luta. Os grandes empresários da área de saúde e seus governos nunca engoliram essa derrota, e sempre minaram a implementação do SUS, tal como foi concebido. No governo de FHC, por exemplo, foi aprovada a lei das Organizações Sociais (OS), que possibilitou que empresas privadas administrassem diversos serviços públicos, principalmente na área da saúde. Tal ação vem precarizando as contratações de trabalhadores e moldando o serviço público com a lógica empresarial, na qual a manutenção no mercado conta mais do que o atendimento das necessidades humanas.

Nesse mesmo governo, o próprio PT entrou com uma ação de inconstitucionalidade no STF, que ainda se encontra em julgamento. Hoje permanece majoritariamente contra as OS, embora algumas das gestões municipais e estaduais que participem lidem com essa modalidade de gestão. No lugar das OS, defendem as Fundações Estatais de Direito Privado, que seriam empresas públicas, mas regidas por uma lógica do direito privado. Ou seja, o fundamental da crítica permanece, que é a precarização nas contratações de trabalho e a lógica da suposta “eficiência” do mercado, embora digam que são empresas públicas e que, portanto, não se trate de privatização. Essa proposta não foi colocada em votação no congresso e, portanto, não vale para a esfera federal. Ainda assim, alguns estados já criaram leis de Fundações Estatais próprias, como é o caso da Bahia e de Sergipe, ambos administrados pelo PT.

Do mesmo modo ocorreu no governo de Dilma Rousseff, quando se aprovou a lei que criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Essa empresa foi criada para administrar o quadro de pessoal dos Hospitais Universitários (HU) e permitir novas contratações por regime de CLT, pondo fim aos concursos públicos dessa instituição. Levemos em conta que os HUs são, em todo o país, hospitais de referência para o SUS, com serviços de alta complexidade, muitas vezes inexistentes em outros locais. Para que essa empresa possa funcionar, é preciso a aprovação nos Conselhos Universitários de cada Universidade, aos quais esses HUs são subordinados. Porém, os mediadores do governam passam a divulgar a idéia de que não haverá novos concursos públicos e as contratações só ocorrerão via Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Mesmo sabendo que o concurso público é uma garantia constitucional, essa ameaça colabora com a implantação dessa empresa, a qual, por mais que seja uma empresa pública, pretende administrar diversos trabalhadores por contratação precarizada.

No caso dos Correios, a grande ameaça de privatização é a quebra do monopólio postal, permitindo que os Correios concorram com empresas privadas. O governo ainda não se empenhou na aprovação desse projeto, mas conseguiu transformar em lei a MP 532, que transforma os Correios em uma empresa de capital aberto, permitindo a entrada no mercado de ações e abrindo espaço para um processo de privatização mais aprofundado.

Com a desculpa de que é necessário melhorar os serviços dos aeroportos para receber os grandes eventos que o país vai sediar, especialmente Copa do Mundo e Olimpíadas, o governo começou a vender os aeroportos nacionais para empresas privadas. Iniciou a privatização com os aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas; juntos, eles representam a movimentação de 30% dos passageiros e 60% da carga em todo Brasil. Os aeroportos davam lucro e são estratégicos para o país. Passam para o controle de empresas privadas, mas o governo fala que não privatizou, mas fez apenas uma concessão – que, no caso de Guarulhos, é de 20 anos. A população pagará, provavelmente, tarifas mais caras, como ocorreu em outros cantos do mundo. O governo promete espalhar a privatizações para outros aeroportos.

Nesse contexto de Copa do Mundo e Olimpíadas, também segue em curso um processo de privatização do espaço urbano, que implica remoções e apropriações privadas que têm por objetivo para atender aos megaeventos.

Na educação, o governo aplica nas universidades públicas federais o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e nas privadas o Programa Universidade para Todos (PROUNI). Travestido na proposta de expandir o ensino superior no país, o governo segue a fórmula do mercado para a educação, passando rios de dinheiros para as universidades privadas garantirem a matrícula de alunos de baixa renda e, ao mesmo tempo, isentando-as de impostos (caso do PROUNI), ou endividando os estudantes via Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e ampliando as vagas nas universidades federais, de maneira desordenada (caso do REUNI). Essa ampliação aumenta a proporção de alunos por professor e não garante a infra-estrutura necessária para acomodar novos estudantes. Se, por um lado, passa para as instituições privadas um dinheiro que melhoraria muito as condições precárias das universidades federais, por outro, compromete a capacidade das universidades de realizar pesquisa e extensão e as sucateia, fundamentando-se na lógica do mercado e não na melhoria de vida da população.

São também similares as políticas para a rede técnica e tecnológica, que se expande, norteada por um discurso de qualificação profissional e de melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, mas atende aos interesses de mercado e eleitorais. A transferência de verba pública para o setor privado também se repete no caso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Isso se torna, ainda, uma política pública mais ampla para todo o setor da educação tecnológica profissionalizante, por meio do Plano Nacional de Educação (PNE).

Junto com esses elementos, podemos apontar os constantes ataques à autonomia política e pedagógica das instituições educacionais, que se repetem em todos os níveis de ensino, impondo a lógica burocrática e empresarial ao sistema público e dificultando a construção de uma democracia de base, que possa trazer uma perspectiva popular para a discussão dos rumos da educação.

Em relação ao petróleo, desde 1997, com a criação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), houve a quebra do monopólio estatal e a realização de leilões para concessão da extração a outras empresas. Com isso, grande parte das ações da Petrobras está nas mãos de capitais privados e na bolsa de Nova York. Hoje, o Brasil é o 13o produtor de petróleo do mundo e o 8o consumidor. Com o pré-sal, vem a proposta de um modelo de partilha na exploração. O regime de concessões continuaria no pós-sal e o petróleo do pré-sal seria dividido entre o Estado e as empresas de petróleo. Ao mesmo tempo, delineia-se um tipo de prática subimperialista por parte do governo brasileiro, e da Petrobras, em países como a Bolívia, Paraguai e Equador.

OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A LUTA DAS CLASSES OPRIMIDAS

O movimento sindical atravessa uma fragmentação sem precedentes. Os grupos dirigentes da máquina sindical burocrática e dependente assinaram o pacto governista, como poder corporativo, co-gestor de fundos públicos, políticas desenvolvimentistas e instâncias de colaboração de classes. A oposição de esquerda custa a se reorganizar nessas novas condições e levantar pelas bases uma frente unida que possa enfrentá-la por meio de estruturas de participação massivas e independência de classe. Ainda assim, o movimento dos trabalhadores abre seus conflitos e investe em ações promissoras nos locais de trabalho.

Pelos canteiros das grandes obras do PAC sucedem-se e repetem-se greves operárias, que se defendem da sanha das empreiteiras. Os servidores públicos de distintas esferas da administração fazem resistência dura aos ajustes fiscais do governo. Algumas categorias de envergadura nacional promovem lutas e greves com graus de protagonismo de base, contrapondo com êxito a burocracia sindical. Os trabalhadores do magistério fazem a luta pelo piso nacional e enfrentam a chantagem em relação aos planos de carreira.

Diante desses fatos, é possível afirmar que sindicatos e centrais vivem, nos últimos oito anos, o que se poderia chamar de um novo boom da atividade reivindicatória e grevista, se compararmos, principalmente, aos anos do governo FHC, embora as lutas sejam de resistência, pela manutenção e não pela a incorporação de direitos, sem conseguir lograr grandes avanços. Tal crescimento, entretanto, veio atrelado, por um lado, a uma grande onda de cooptação de lideranças, que passaram a exercer cargos e a freqüentar gabinetes, e, por outro, a criminalização das mobilizações dessas categorias e a restrições aos direitos de greve.

O sindicalismo combativo foi, pouco a pouco, se moldando à lógica das mesas de negociações, cada vez mais burocratizadas e surdas ao clamor dos trabalhadores das bases.

No contexto da luta por direitos humanos, a criação da chamada Comissão da Verdade apresentou inicialmente algumas limitações. Por parte do Executivo, tal comissão foi impulsionada como uma tentativa de aliviar os constrangimentos políticos que vinham causando sucessivas denúncias em escala internacional contra as violações aos direitos humanos no país. Apesar dos limites que foram impostos a essa comissão, as recentes mobilizações nacionais, que agitam o tema, são um importante caminho para pautar de forma contundente a questão. A investigação dos crimes cometidos pelos militares e a punição dos assassinos torturadores estão na ordem do dia na luta por memória, verdade e justiça. Embora a luta por memória faça menção ao passado para que vigore a verdade no presente, a tortura no Brasil atravessa o tempo histórico e ainda hoje segue vigente nos presídios, nos manicômios e nas ações policiais nas comunidades pobres.

A luta no campo tem batalhas agressivas contra um inimigo reforçado pela estratégia do agronegócio, com reivindicações indígenas, quilombolas e ações dos sem terra por reforma agrária. Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o ano de 2011, no governo Dilma, foi o pior para a reforma agrária nos últimos 16 anos. Um dos argumentos utilizados por Celso Lisboa Lacerda, presidente do INCRA, é que o foco das ações da entidade está voltado para a melhoria nos assentamentos já existentes, revelando uma imensa contradição, quando se constata a ausência de estruturas mínimas como estradas, energia, escola, saneamento e assistência técnica adequada a uma agricultura ecológica.

Destacando a situação da educação, de 2002 a 2009 foram fechadas no Brasil mais de 24 mil escolas, em torno de 80% localizadas no campo. No sudeste 2.126 escolas rurais foram fechadas no mesmo período. Só no Rio de Janeiro, foram fechadas 134 escolas rurais municipais e o ano letivo de 2012 se inicia com a extinção de aproximadamente 70 escolas públicas estaduais de ensino noturno, que atendem jovens e adultos, em prédios compartilhados com o município.

O agronegócio, que responde por apenas 16% dos estabelecimentos agropecuários do país, recebeu, em 2011, mais de R$ 107 bilhões, e seguiu sendo a prioridade do governo, enquanto somente R$ 16 bilhões foram destinados à agricultura familiar, que ocupa nove vezes mais pessoal que os estabelecimentos patronais e produz cerca de 80% da nossa alimentação. Seguem avançando as frentes de transgênicos, agrotóxicos e as aprovações do Código Florestal.

Somente entre 2008 e 2011, 29 tipos de sementes transgênicas – entre soja, milho, algodão e feijão – foram aprovadas. Dentre estas, o maior absurdo é o feijão, produto principal da alimentação brasileira, que apresentou falhas gravíssimas nos testes de segurança da EMBRAPA e, mesmo assim, foi aprovado às pressas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBIO).

Segundo Gabriel Fernandes, da entidade agroecológica AS-PTA, em entrevista à revista Caros Amigos: “A indústria investe mais em sementes transgênicas resistentes a agrotóxicos para fazer a venda casada. Entre 2003 e 2009, período de forte expansão da soja transgênica da Monsanto, resistente ao herbicida glifosato (“mata-mato”), o Brasil passou a usar 5 vezes mais esse produto, segundo a ANVISA. Desde 2008, o Brasil passou a ser o país que mais usa agrotóxicos no mundo.” Ainda relacionando o avanço do agronegócio com o lucro dos poderosos e os impactos na agricultura familiar, as mudanças no Código Florestal e sua votação final na Câmara dos Deputados “não poderá mais consertar os erros cometidos pelos parlamentares. O texto que vier a ser aprovado, mesmo que em nada altere aquele que veio do Senado Federal, inevitavelmente causará anistias, diminuirá a proteção de áreas preservadas e, consequentemente, incentivará o aumento do desmatamento, sendo em seu saldo final apenas a reprodução dos interesses mais imediatos de uma pequena parcela da sociedade”, conforme foi colocado na carta enviada à presidente Dilma pela Jornada de Lutas das Mulheres Camponesas de 2012.

Segundo o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Ministério de Minas e Energia favorece as empresas construtoras de barragens, pois são elas que dão sustentabilidade ao próprio governo. As barragens geram problemas sociais, ambientais e estruturais que não serão contornados com o passar dos anos. O fato de as famílias ficarem sem casa, sem terra, sem comida, sem trabalho, sem ter um local para plantar, vem contribuindo para o aumento da pobreza no país. Atualmente, comunidades ribeirinhas, indígenas, pescadores e extrativistas somam 150 mil famílias atingidas pela expansão energética e aproximadamente 50 mil famílias serão atingidas por conta da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Certamente a região amazônica será a mais atingida em função das novas hidrelétricas previstas para os próximos anos.

É provável que o número de atingidos venha aumentar. Entre as barragens que causaram maior impacto, destaca-se o complexo do rio Madeira, no estado de Rondônia; a barragem de Estreito, que está localizada entre o Maranhão e o Tocantins; a Usina Foz do Chapecó, em Santa Catarina; e a barragem de Acauã. Belo Monte também entrará para a lista das hidrelétricas que causaram muitos impactos sociais e ambientais.

Também num contexto de reestruturação rural e urbana, que busca atender as demandas de megaeventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, movimentos de resistência contra obras e projetos de higienização e de favorecimento ao turismo passam a se organizar fora de organismos institucionalizados e ser responsáveis por mobilizações radicalizadas e combativas. Obras como ampliação de vias, construção de estádios, realocações de comunidades pobres dos centros econômicos das cidades para as periferias, têm um claro perfil de “limpeza social”, e permeiam todas as cidades e estados escolhidos como sedes destes megaeventos.

Abre-se um declarado estado de violações, em que o capital privado estrangeiro e os interesses dos poucos grupos que se beneficiam com esses megaeventos se sobrepõem aos direitos sociais conquistados pelo povo e as garantias mais básicas como moradia, saúde e educação.

A luta das classes oprimidas e do projeto socialista passa uma etapa de refluxo, de reestruturação dos meios organizativos, de ações dispersas e fragmentárias que não têm condições de formar um conjunto de elementos ideológicos e programáticos que se coloque como antagonismo forte ao sistema. Uma parte importante dos setores populares, das organizações e sindicatos embarcou nas velhas promessas do crescimento econômico e vêm se curvando às idéias do neodesenvolvimentismo.

Há uma crise dos movimentos sociais, das organizações de base, das forças acumuladas pela luta que impede a superação dos atos espontâneos e o alcance de ações federadas. Estão seriamente ajuizadas pela história recente as estratégias de esquerda que buscam mudanças sociais por dentro das instituições funcionais às relações do poder dominante.

O tempo é de divisão de águas, ajuste de lentes para pensar as condições e possibilidades da relação de forças do momento. Exige capacidade de inserção de um projeto finalista revolucionário no interior dos problemas e conflitos deste presente histórico. Trabalho de base entre as demandas populares que não são absorvidas pelos controles do modelo capitalista, na direção de um povo forte, de práticas de ruptura que favoreçam a construção histórica de um sujeito antagônico às estruturas do capitalismo.

* Documento aprovado no I Congresso da Coordenação Anarquista Brasileira, Rio de Janeiro, 8, 9 e 10 de junho de 2012.